Tensión en Uniautónoma por posibles despidos masivos: rectora los niega
Estaría en marcha por el déficit financiero del que no se ha recuperado la Universidad.
José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF
Llega otro fin de año y vuelven las preocupaciones en la Universidad Autónoma del Caribe relacionadas con la estabilidad laboral de sus empleados, tanto administrativos como docentes, que siguen afectados por la malhadada herencia que dejó el exrector Ramsés Vargas con sus multimillonarios malos manejos administrativos por los que la Fiscalía General le imputó 6 delitos.
En esta oportunidad, las tensiones tienen que ver con el supuesto despido de 300 trabajadores que estaría en marcha por el déficit financiero del que no se ha recuperado la Autónoma, agravado por la reducción de estudiantes matriculados, 1.000 menos, en el segundo semestre de 2019, de acuerdo con lo que afirman los quejosos.
“El ambiente laboral es tenso, pesado; hay gente que teme que le pasen la carta en las vacaciones colectivas que, por primera vez, concede la universidad por más de un mes a partir de mediados de diciembre”, dijo una fuente consultada que pidió reservar su nombre.
Al responder preguntas de Emisora Atlántico y Zona Cero.com, vía WhatsApp, la rectora María Victoria Mejía sostuvo que conoció del tema a través de las redes sociales; “es algo que, al menos desde esta rectoría, hasta ahora no se ha mencionado”, dijo.
Indicó que “se trata de una campaña de desinformación que, de paso, bastante daño le hace a la universidad justo para la época de matrículas”.
Sin embargo, las otras fuentes insistieron en que tan delicado asunto fue abordado en la Sala General. Mejía no respondió si fue debatido en el máximo órgano de gobierno universitario y si fue planteado al Ministerio de Educación, que mantiene bajo vigilancia especial a la Autónoma por el desastre administrativo del investigado Ramsés Vargas.
De la Autónoma saldrían, entre otros, un “número importante” de trabajadores a los que, en la administración de la exrectora Claudia Dacunha, dejaron sin funciones. “Lo planearon así para facilitar, para justificar los despidos”, expresaron los quejosos.
La rectora Mejía respondió que esta decisión “no es (para) facilitar los despidos, como le indique, ese tema no ha sido abordado desde mi administración”.
Para 2019 el presupuesto de la Universidad Autónoma fue elaborado con una expectativa de 8.400 alumnos en cada semestre. Un informe de auditoría de la empresa Kreston, fechado en junio pasado, señalaba que en el primer semestre presupuestaron ingresos operacionales por $38.000 millones y para el segundo semestre por $43.000 millones.
En ese mismo informe, Kreston advertía sobre los déficits que se habían acumulado y la importancia de no dejar caer las matrículas. La auditoría llamaba a revisar la situación porque podía “llevar a incumplimientos con terceros y poner en alto riesgo la continuidad del negocio”.
La rectora Mejía reconoció que “desde tiempo atrás” tanto en el Consejo Directivo como en la Sala General “se ha discutido el tema de los altos costos operacionales” de la universidad, incluido el tema de la nómina que absorbe cerca del 80% de los recursos. Detalló que, en el pasado, la nómina estaba definida para más de 12.000 estudiantes, hoy este número es de 7.500, es decir 4.500 menos.
Ante este panorama, manifestó que “en toda organización cuando se presentan situaciones similares, debe apuntarse a dos variables: incrementar ingresos y disminuir costos”.
“Ahora estamos haciendo lo humanamente posible para incrementar ingresos”, expresó. “Si hipotéticamente los órganos de gobierno definieran, hacia futuro, la disminución de costos operacionales representados en la nómina, tenga la certeza de que, si es dentro de mi administración, se hará con la debida sensatez y juicio que ello amerita”, respondió a Emisora Atlántico y Zona Cero.com.
La disminución de costos a la que hace referencia la rectora María Victoria Mejía incluye en cualquier organización, entre otras medidas, reducir la nómina y frenar la contratación de personal con sueldos millonarios y de servicios.
“¿Están pensando solo en echar a personal administrativo y docentes o van a reversar las contrataciones millonarias de la exrectora Dacunha, que insisten en no dar a conocer? ¿Acaso van a frenar la contratación de servicios? ¿Cuánto costó el software nuevo, cuánto las nuevas cámaras, torniquetes y teléfonos a los que hace referencia el sindicado en un reciente comunicado? ¿En medio de las limitaciones de recursos, tiene la universidad para pagar las indemnizaciones que se generen”, cuestionaron los quejosos.